El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, protagonizaron este miércoles un cruce de declaraciones por la inversión en infraestructura urbana de la ciudad, en el marco del anuncio de la construcción de más de 800 viviendas sociales para integrantes de once comités habitacionales de Cerrillos y Maipú.

La polémica se centró en la pausa del proyecto Eje Alameda-Providencia en su tramo hacia el poniente, el cual contemplaba una ciclovía de alto estándar que finalmente no llegará a Maipú por razones presupuestarias.

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En ese sentido, el ministro Poduje enfatizó que la administración de recursos públicos exige tomar decisiones complejas: "Lo que estamos viendo en el caso de Maipú, como lo dijo el alcalde, es un colector para que la gente de Los Héroes no se inunde, son 25.000 personas, vale como lo mismo que la ciclovía", explicó.

"Cuando hay que gobernar, hay que priorizar: o ponemos el colector y reducimos la inundación, o ponemos la ciclovía", puntualizó el titular del Minvu.

"Ojalá que ese tipo de inversiones llegue de Plaza Italia para abajo"

Por su parte, el jefe comunal de Maipú cuestionó el criterio de Poduje y apuntó a la brecha de inversión que existe en la capital, en perjuicio de la zona poniente.

"Uno como alcalde siempre quiere lo mejor para su comuna, quiere que sus vecinos se puedan movilizar de buena forma, sobre todo en un contexto donde el alza del precio de los combustibles le pega a las familias, y mecanismos alternativos y sustentables de transporte creemos que son deseables", cuestionó Vodanovic.

"Habla también de la forma en que construimos la ciudad, de que ojalá ese tipo de inversiones que uno ve a veces de Plaza Italia para arriba, también lleguen de Plaza Italia para abajo", subrayó el alcalde.

Pese a las diferencias, Vodanovic adelantó que espera reunirse con el titular del Minvu para evitar que la cancelación del proyecto de ciclovía sea definitiva.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la anulación de la expropiación de la Colonia Dignidad, ubicada en Parral, informada por el ministro de Vivienda y Urbanismo Iván Poduje el fin de semana, apuntando a que la revictimización de los afectados.

El Gobierno de Gabriel Boric firmó el decreto de expropiación de 117 hectáreas de terrenos e instalaciones que ya fueron declarados Monumento Nacional en 2016 por estar vinculados a graves violaciones a los derechos humanos de colonos y opositores políticos a la dictadura militar.

Entre ellos, se encuentran lugares como el área urbana de la casa de Paul Schäfer, sector donde se encontró documentación que daba cuenta de la conexión del enclave con entidades represivas del régimen militar, y lugares de inhumaciones y exhumaciones de personas víctimas de desaparición forzada.

No obstante, el ministro Iván Poduje decidió frenar la medida debido al ajuste fiscal y porque en la práctica, argumentó, su cartera no tiene facultad para expropiar.

La decisión fue respaldada por el senador Javier Macaya (UDI), quien señaló en Cooperativa que "primero es prioridad el gasto público que significa esa expropiación, pensando en los desafíos que tiene el país hoy día en materia de reconstrucción, de vivienda, son gigantescos. Y segundo, en términos de legalidad, o sea, el Ministerio de Vivienda tiene facultades para expropiar cuando se trata de proyectos de vivienda, pero cuando se trata de un tema de derechos humanos, hay otras instituciones en Chile que tienen el foco puesto en eso".

Asimismo, descartó un sesgo ideológico en la determinación del ministro: "Me parece que es adecuada la decisión que tomó el ministro Poduje. No hay aquí razones ideológicas. Yo creo que Poduje no tiene ese sesgo y no tengo ninguna duda de que no está tomando esta decisión por esas consideraciones, en un momento donde el gasto hay que focalizarlo donde realmente duele".

"O sea, la memoria es importante, pero son más importantes a mi juicio hoy día los derechos fundamentales de las personas que no tienen vivienda", aseveró.

Paulina Vodanovic: No se puede entender la indolencia con que el Gobierno toma este tema

No obstante, desde la oposición, la decisión ha generado diferentes cuestionamientos y la senadora por la Región del Maule y timonel socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que bajo el argumento de estrechez fiscal no se puede justificar la "indolencia moral".

"Afecta a nuestro país, afecta a las víctimas, las revictimiza. Bajo esta consigna de 'no hay plata', no puede ser que finalmente haya una indolencia moral frente a la sociedad chilena", enfatizó.

En ese sentido, apuntó que "nuestros hijos, nuestras hijas requieren también saber lo que ocurrió en Chile. Y en el caso de Colonia Dignidad, decirles que ahí además murieron personas, se torturaron personas, murió la dirección clandestina del Partido Socialista, que fue cremada y sus cenizas arrojadas al río Perquilauquén".

"Para eso es necesario ese sitio de memoria, para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir hechos tan dramáticos y dolorosos como ese. Entonces, uno puede entender que haya restricciones presupuestarias; lo que no se puede entender es la indolencia con que el Gobierno toma estos temas", planteó.

Entre las víctimas de la dirección clandestina del PS estuvo el médico y exdiputado Carlos Lorca: su hermano, Jaime Lorca, calificó como "una aberración" lo determinado por La Moneda, "pero no es una sorpresa para mí".

"Creo que el gobierno anterior no pudo concretar su compromiso con las organizaciones de derechos humanos, y en eso (hay una) falta. Pero de este Gobierno no me sorprende nada, porque creo que esta gente viene con una política de negacionismo y de perdón a los crimenes de la dictadura. Tocará impedir aquello al movimiento social y de derechos humanos", reflexionó.

La decisión ha generado reacciones también de exautoridades. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, consideró incomprensible que se reviera el proceso, mientras el otrora ministro de Vivienda, Carlos Montes, defendió la expropiación y señaló que no se ocupó ningún recurso, ya que estaba en proceso debido al alto costo de ejecutarlo.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmó que, además de paralizar la construcción de la ciclovía en el nuevo eje Alameda-Providencia, también anulará otros proyectos, como las expropiaciones del Club Hípico y de la Colonia Dignidad, para financiar la reconstrucción en la Región del Biobío.

Las iniciativas, formalizadas durante el Gobierno de Gabriel Boric, son del tipo "faraónicas, no se justifican, son muy caras o muy complejas", dijo el ministro a La Tercera.

"(Cuando llegamos a la cartera, nos encontramos) con un presupuesto comprometido en su 97% por deudas de arrastre. Esto nunca se nos dijo, nunca se anticipó. Fue un tremendo golpe cuando nos dimos cuenta, porque las cuentas del ministerio son muy complejas, ya que trabaja con presupuestos de proyectos que tienen varios años", expresó.

"El presupuesto (del Minvu) está muy cargado al (subsidio habitacional) DS49, a las compras de terrenos que son muy caros. Pero también incluye proyectos que son una locura; por ejemplo, la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, que vale 22 mil millones de pesos", aseguró Poduje.

Por ello, para cumplir con el recorte del 3% solicitado por Hacienda, en el Minvu eliminarán "estos proyectos que, de alguna forma, no son prioritarios, más otros que estamos revisando. Son iniciativas de inversión, algunos proyectos medio faraónicos", explicó el ministro.

"Por esa vía vamos a reducir, y hay un acuerdo con el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz que no se va a comprometer ninguno de los beneficios sociales de los planes habitacionales, ni tampoco la reconstrucción", afirmó el titular de Vivienda. 

Es "cero ideología"

En este contexto, "vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos", aseveró el arquitecto al medio citado.

"El Serviu alertó de esto a La Moneda en el Gobierno pasado. Se le dijo 'no se puede', que esto iba a ser una 'Casa-Allende 2'. Siguieron adelante y nosotros, apegados a las competencias que tenemos, no podemos expropiar. No tenemos los recursos para expropiar y lo que estamos haciendo es poner los recursos donde están las urgencias sociales y no donde están las urgencias políticas. Esa es la única diferencia", indicó.

"Tenemos una estimación que solamente la parte urbana son 47 mil millones de pesos. No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado; puedo mejorar 60, 70 canchas que hoy están abandonadas, donde los niños no pueden jugar. Entonces, gobernar es priorizar (...). Si nos sobra plata, bueno, podremos hacer estas cosas, y quizás otros ministerios tienen los recursos para seguir con ese proyecto", manifestó.

Consultado sobre si esta decisión es de carácter ideológico, el titular de Vivienda contestó que "no, nada, cero ideología. Es puro criterio de prioridad social", y planteó que los organismos de derechos humanos "pueden pedirle a otro ministerio que lo haga, o a un organismo internacional (...). Este proyecto no tiene nada que ver con nuestra agenda".

Recuperar dinero de la expropiación de la megatoma de San Antonio

Por último, Poduje también aseguró que buscarán recuperar un porcentaje que el Estado gastó en la expropiación parcial de la megatoma de San Antonio. 

"El cheque se giró a fines de diciembre de 2025. Nosotros consideramos que se pagó mucha plata (11 mil millones de pesos). Ese terreno, en las condiciones en que está, sin factibilidad sanitaria, de escasa infraestructura, sin urbanización, no puede costar eso", sostuvo. 

Asimismo, "dado que ya se expropió ese terreno, lo mínimo que podemos hacer es que ahí se pongan las familias que estaban antes en la fila (para obtener una vivienda) en San Antonio. Las que están después, se tienen que ir, obviamente. Esas casas no tienen permiso, son todas ilegales. Esta es una ciudad informal que creció sin ningún tipo de control", aseveró.

En esta línea, el ministro de Vivienda admitió que "todavía no ha calculado" cuánta gente tendrá que abandonar el lugar, pero reafirmó que, "(como Gobierno), nos eligieron para eso (tomar medidas drásticas), y no por lindos".

"Si nos preocupara (otra caída en la aprobación de la Administración) no podríamos hacer nada. Las medidas que estamos tomando se van a ver reflejadas en una mejoría; se van a ver -no me cabe duda- en la popularidad del Presidente y del Gobierno", cerró.

Reacciones políticas tras el anuncio

Posrteriormente, Poduje señaló que el Serviu le advirtió al Gobierno anterior de no continuar con la iniciativa: "Solo podemos expropiar para hacer viviendas, calles o colectores, no para un museo. El Serviu alertó de esto al Gobierno pasado, pero siguieron adelante y nosotros, apegados a las competencias que tenemos, no podemos expropiar".

En el mundo político, la diputada libertaria y presidenta de la Comisión de DD.HH., Gloria Naveillán, valoró la medida: "Me parece muy razonable. Puedo entender que se necesita un sitio de memoria porque hay muchos que lo piden, pero creo que no tiene que hacerse en el lugar donde hoy hay personas que, en la práctica, no tuvieron que ver con los hechos porque en ese tiempo eran niños chicos", sostuvo. 

En tanto, el diputado socialista Raúl Leiva criticó que "se equivoca el Gobierno, particularmente en el plano comunicacional. Se tratan de dar señales políticas con este copamiento o cambio permanente del encuadre. Se nota que están en problemas: el propio ministro de Vivienda recibe críticas por la forma de enfrentar (los temas) y coloca otro tópico sobre la mesa, para ir desvirtuando las problemáticas que tiene el Gobierno". 

Mientras que el diputado independiente Roberto Celedón, de la bancada del Frente Amplio, recalcó que, previo a cualquier decisión, "primero se debió hablar con los familiares de las víctimas". Para él, la decisión es un retroceso en "políticas de Estado" y una "demanda colectiva".

"Teníamos todo conversado por el memorial"

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos en Colonia Dignidad, Myrna Troncoso, señaló que la decisión "le toma por sorpresa".

"(Era) mínimo hacer un recordatorio de la gente que mataron en la Colonia. Tenemos ese derecho a verdad, además que no nos vamos a instalar donde ellos hacen el turismo. Si ya teníamos todo conversado por el memorial, incluso ahora cuando empezaron a dividir la colonia, se suponía que eso ya estaba listo", puntualizó.

Otros proyectos afectados

Entre los otros proyectos que quedarán en pausa, desde el Minvu indicaron que hay al menos ya tres definidos: el club hípico de Punta Arenas, la ciclovía de la Alameda y recuperar parte de lo que se pagó por la expropiación de la megatoma de San Antonio.

Según el jefe de la cartera de Vivienda, este último equivale casi al 25% de todo el plan de reconstrucción del Biobío.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció este martes la suspensión de las obras de la constructora San Sebastián en Valparaíso y el inicio de acciones legales y sumarios administrativos, tras descubrir serias irregularidades en la construcción de viviendas destinadas a los damnificados del megaincendio de 2024.

Según se advirtió, la situación podría llevar a la demolición de al menos 40 casas en el sector de El Olivar, Viña del Mar.

En detalle, se detectaron contratos sin inspección técnica y el uso de materiales no certificados, como paneles de hormigón hechos para viviendas de un piso que eran utilizados en casas de dos pisos, lo que representa un riesgo de colapso estructural, por ejemplo, ante un eventual sismo.

"Esta empresa San Sebastián usó paneles certificados para casas de un piso en casas de dos pisos, poniendo en riesgo a la familia que estaban ahí", acusó Poduje, que cuestionó también "una ejecución de obra deficiente".

Materiales sin la certificación requerida fueron empleados en la edificación de casas, poniendo en riesgo la seguridad de las estructuras tras el desastre. (FOTO: ATON/referencial)

Lo más preocupante es que, de acuerdo con el ministro, la situación había sido denunciada previamente al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) por el propio proveedor de los paneles, pero la entidad "no había hecho nada con esta información".

"El Serviu la recibe (la advertencia) el año pasado. La funcionaria que la recibió va a ser sumariada por no haberle dado curso, (porque) nunca le respondió al proveedor", acusó el jefe de la cartera de Vivienda.

La constructora San Sebastián tenía licitadas aproximadamente 350 viviendas, con un avance de solo 40 casas en El Olivar. Todas ellas serán inspeccionadas y eventualmente podrían ser demolidas, lo que implicará nuevas licitaciones para nuevas casas entregadas de aquí a fin de año.

Acciones legales contra la empresa

En cuanto a las acciones a seguir, Poduje afirmó que, "junto con suspender, nuestro equipo de abogados iniciará inmediatamente acciones legales para que esta empresa restituya todos los montos que les fueron pagados".

Además, se investigarán las "40 denuncias de damnificados que fueron obligados a firmar por esta empresa y que, (acusan), si no firmaban con ellos les cobraban multas ficticias de 800 mil pesos".

Se iniciará un proceso judicial y se demandará la devolución de todos los fondos pagados a la compañía edificadora responsable de los materiales deficientes. (FOTO: ATON/referencial)

"Todo lo vamos a investigar y también vamos a hacer iniciar los sumarios que correspondan al interior del servicio", puntualizó el secretario de Estado.

El contexto de estas irregularidades se inserta en el proceso de reconstrucción que, según el ministro, "alcanza aproximadamente hoy el 30% entre viviendas entregadas y algunas en curso, sin contar estas 40 viviendas que en un futuro próximo demolidas a propósito de las negligencias que dice el ministro se han encontrado".

En tanto, la Constructora San Sebastián expresó su "rechazo a una decisión arbitraria e injustificada", dado que El Olivar es un proyecto que cuenta "con los permisos de edificación al día y la aprobación del Serviu Valparaíso para ejecutar estas obras".

"La difusión sin sustento técnico de supuestos riesgos estructurales, sobre obras ya aprobadas, genera alarma pública injustificada y daña la confianza (...) nos resulta inaceptable que se desacredite el trabajo serio y riguroso de profesionales de distintos ámbitos, que han actuado con estricto apego a la normativa", dijo la firma en un comunicado, que adelantó que "tomará las acciones pertinentes de acuerdo a derecho".

Sentir de los damnificados de El Olivar ante viviendas defectuosas

Respecto a revelación de Poduje sobre las irregularidades en la construcción de viviendas para los damnificados, vecinos acusan que tras dos años de la tragedia, el camino hacia la reconstrucción ha estado plagado de obstáculos, incluyendo la negligencia y posibles fraudes.

Patricia Lobos, una de las afectadas y familiar inhábil para postular a soluciones habitacionales, compartió su sentir sobre la difícil situación que han vivido: "igual estamos tristes porque nos sentimos humillados, afectados porque estamos dos años esperando y dos años que hasta el momento no tenemos nada".

La inhabilitación para postular a nuevas viviendas debido a la vinculación con la constructora San Sebastián los dejó en un limbo, según relata: "Esa gente nos dejó como en el aire por dos años, no podías postular a vivienda, no podías postular a nada".

El Ejecutivo prepara una serie de medidas para reactivar el sector inmobiliario, con la presentación de diversos proyectos durante las próximas semanas en el Congreso.

Una de las medidas que buscan implementar es la eliminación del IVA en la compra de propiedades por 12 meses de forma transitoria, beneficio que esperan se traspase a los compradores de las más de 100 mil viviendas sin vender a nivel nacional, en medio de una desaceleración en nuevos proyectos y un acceso más restrictivo al crédito hipotecario.

Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, planteó que "hay viviendas en los niveles medios bajos que están exentas hoy día de IVA, entonces esta eliminación del IVA no les afecta. Hay que seguir atendiendo a esa población, a esa gente y esta medida ha demostrado ser de un costo prácticamente nulo para el Estado y creemos que eso debe seguir y complementarse con esta en los distintos tramos en que sí hay IVA a la vivienda, que también encarece el problema".

"No lo hemos cuantificado, porque no sabemos el alcance real del proyecto, 15 por ciento pensamos que de ninguna forma. Cuando se colocó el impuesto el alza fue mucho menor a esa, entonces eso es imposible, y dependerá también de cómo sea la estructura del proyecto, a qué tipo de viviendas afecta, el promedio tiene que ser bajo eso, porque hay muchas viviendas que no pagan IVA", añadió.

Otra de las medidas es la extensión de los beneficios del DFL2, es decir, incentivos tributarios a viviendas de menor tamaño, el que antes estaba limitado a dos propiedades de hasta 140 metros cuadrados y que ahora se extenderá a tres, pero con un máximo tamaño de 90 metros cuadrados, las que tendrán un impuesto en torno al 5 por ciento.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que "cuando uno combina la nueva ordenanza, que va a permitir hacer más viviendas por superficie y lo combina con el DFL2 ampliado esa es una herramienta de enorme poder reactivador, sobre todo si va con las medidas para que el stock que hay acá salga muy rápido, hay más de 100 mil viviendas que no se venden".

"Decirle a los que están en el mundo inmobiliario que no vamos a dejar que la cosa se tranque, porque el temor que hay es que mientras se está discutiendo la ley nadie compra nada esperando que baje el IVA. No va a ser así, la ley que se envíe va a tener una cláusula que va a ser beneficiario de esto desde que se envía la ley, de modo que no se tranque ninguna escritura", adelantó.

Además, se buscará mantener y ampliar el subsidio al crédito hipotecario, para así reducir los costos de los dividendos.

La casa donde vivió el expresidente Gabriel Boric en el barrio Yungay fue puesta a la venta por 860 millones de pesos y también se encuentra disponible para arriendo, generando inmediato interés por su valor histórico y características.

Según información publicada por La Tercera, la propiedad es promocionada por la inmobiliaria Cocina Propiedades, que destaca su historia y el atractivo que genera haber sido residencia presidencial durante su mandato.

El inmueble cuenta con 500 metros cuadrados, 13 dormitorios -seis de ellos en suite-, nueve baños, tres cocinas, dos living comedor, dos salas de estar y tres estacionamientos. En tanto, su valor de arriendo alcanza las 120 UF, es decir, cerca de 4,7 millones de pesos mensuales.

Durante su estadía, Boric habitó la casa junto a su entonces pareja, Irina Karamanos, y el lugar también fue utilizado para reuniones políticas. La vivienda fue diseñada por el arquitecto Andrés Garafulic en 1929.

Desde la inmobiliaria, el encargado regional Cristián Opazo explicó que "siempre es interesante una propiedad con historia, le da un valor agregado. Además no es común ver una casa en venta donde haya vivido un Presidente".

En registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) la propiedad tiene un avalúo fiscal de 162.691.271 pesos y no presenta deudas en contribuciones, según la Tesorería General de la República. No obstante, desde la inmobiliaria aseguran que el hecho de que Boric haya vivido allí no influyó directamente en su precio.

De acuerdo con antecedentes del mercado, en 2022 la vivienda se ofrecía en 19.500 UF y hoy alcanza las 21.000 UF, mientras que su arriendo subió de 105 a 120 UF.

En el Conservador de Bienes Raíces de Santiago figura que el actual propietario, Iván Rodríguez, adquirió la casa en 2017 por 10.677 UF.

Opazo sostuvo que el valor del inmueble responde principalmente al mercado y al desarrollo del sector, señalando que barrio Yungay atraviesa un proceso de transformación y que la propiedad podría ser atractiva para instituciones, fundaciones, museos o incluso proyectos comerciales como hoteles o centros médicos.

Asimismo, indicó que el arriendo presenta mayor valorización debido a su carácter simbólico y estimó una rentabilidad anual de entre 6 y 7 por ciento para potenciales inversionistas.

Respecto al entorno, destacó el atractivo cultural del sector, con espacios como el Museo del Sonido, el Museo de la Memoria, Matucana 100 y la cercanía a Quinta Normal, lo que refuerza el interés por el inmueble más allá de su uso residencial.

Actualmente, el expresidente ya no reside en la propiedad: se trasladó a un departamento en San Miguel mientras finaliza la remodelación de su nueva vivienda en esa misma comuna.