La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados enviará un oficio a Contraloría tras las órdenes de demolición de viviendas construidas tras el megaincendio en Viña del Mar, donde se acusa que no hay claridad en los papeles que les han hecho firmar a los vecinos del sector El Olivar.

La medida impulsada por el titular del Minvu, Iván Poduje, demolerá 50 obras llevadas a cabo por la constructora San Sebastián tras el megaincendio de 2024. Esto debido a posibles fallas estructurales detectadas por la división técnica de la cartera en materiales y ejecución de obras.

En paralelo, se acusa que vecinos de El Olivar fueron convocados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso a reuniones informales sin previo aviso ni claridad sobre su finalidad, en las que se les habría solicitador firmar documentos vinculados a la demolición de sus casas, bajo la premisa de no retrasar el proceso de reconstrucción.

La diputada Ana María Gazmuri (bancada PC) señaló que "tenemos versiones totalmente contradictorias. Aquí lo que necesitamos desde nuestro rol fiscalizador es claridad. Claridad para las decisiones que se toman; claridad porque efectivamente lo que hemos conocido es que estos informes no estarían señalando que la solución era la demolición. Entonces queremos entender qué pasó acá".

"También hay un problema con las fechas: un informe que sale el día 13 (de abril), después se sabe que se había hecho el día 9 (de abril). Hay información poco clara, que es parte de los problemas que vemos, porque se les ha hecho firmar papeles en que ellos voluntariamente renuncian a esta entidad patrocinante y por lo tanto automáticamente le dan de baja a ese proyecto, pero esto siempre con poca claridad, sin que los vecinos supieran que era eso lo que estaban firmando", denunció la parlamentaria.

No obstante, el presidente de la Comisión, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), respaldó la gestión de Poduje: "No me cabe ninguna duda de que la gran labor que está realizando el ministro Iván Poduje es de primer nivel, recorriendo el país y sobre todo preocupándose de que las viviendas sean de óptima calidad para mejorar la calidad de vida de cientos y miles de chilenos. Apoyo al ministro por su trabajo que está realizando y desplegado en el país".

Montes enfrenta posible acusación constitucional

Por otra parte, el exministro de Vivienda Carlos Montes abordó la posible acusación constitucional en su contra por el Plan de Emergencia Habitacional: "Es parte de las reglas que los ministros salientes puedan, durante tres meses, ser convocados. Hasta el momento lo que se ha planteado es a propósito de un informe de la Contraloría, que yo voy a ir el martes y el miércoles a las dos cámaras a explicar, a dar una opinión al respecto; fui invitado y espero que se aclaren las cosas".

"Aprendí que las instituciones democráticas deben respetarse y buscar responder ahí, y voy a tratar de explicar lo que realmente dicen las cosas, no las interpretaciones que se han hecho", aseveró.

Asimismo, señaló sobre la gestión de Poduje: "No soy comentarista de lo que él haga. Lo que sí yo quiero decir es que la vivienda es algo demasiado importante para las familias y requiere mucha unidad. El conflicto hace retroceder; hay que tratar de resolver las cosas unidos".

Carabineros logró frustrar una toma de terreno fiscal en la intersección de las calles Luis Urzúa y Violeta Parra, en el sector de Los Arenales, zona norte de la ciudad de Antofagasta.

Tras una denuncia de vecinos, personal policial llegó hasta el lugar y constató que había dos sujetos de nacionalidad extranjera "con herramientas y materiales de construcción, usurpando terrenos pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales", relató el capitán Marcelo Vega, jefe de la Subcomisaría Antofagasta Norte.

Ambos sujetos -25 y 33 años de edad- se encuentran en Chile con situación migratoria irregular, y uno de ellos había sido desalojado del mismo sitio en el mes de marzo. Los dos quedaron detenidos.

El Presidente José Antonio Kast defendió este martes al ministro de Vivienda, Iván Poduje, tras las críticas que recibió de la mesa de la Cámara Alta por sus declaraciones contra el senador Alfonso De Urresti (PS) y la Ley de Humedales.

El líder de Vivienda protagonizó un cruce con un asesor del parlamentario en el que criticó la iniciativa propuesta por De Urresti, aprobada por unanimidad en el Congreso y promulgada en el año 2020.

Esta situación, motivó la intervención de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien reprochó el tono ofensivo de Poduje y pidió una actitud de respeto para la discusión de normas.

Asimismo, planteó que la forma de actuar del ministro podría impactar en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, afirmando que "no puede haber ministros sumando votos y, por otro lado, ministros restando votos".

Tan importante como las viviendas de las familias que lo necesitan es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades. Son estas cosas las que a veces frenan los proyectos y leyes. https://t.co/44TjQ1D9UK

— Paulina NuñezUrrutia (@paulinanu) April 28, 2026

"Si uno se equivoca en una ley, hay que reconocerlo"

El Presidente Kast, en el marco de una entrega de viviendas en Rancagua (Región de O'Higgins), acompañado de Poduje, apuntó que "el sueño de la vivienda propia se fue alejando del alcance de muchas familias en Chile. Tenemos que recuperarlo, y por eso, el ministro (Poduje) que ha recorrido hartas zonas de Chile, ha planteado cosas que a veces parecen disruptivas".

"Tenemos que optimizar el uso del suelo, tenemos que buscar dónde están esos paños en las distintas ciudades para poder construir vivienda (...) Estuvimos en Valdivia hace un tiempo atrás, más allá del debate, pero se entregó a un sitio al Estado de más de diez hectáreas hace ya muchos años, y ahí está abandonado", señaló.

En ese sentido, reparó en que "cuando se dicta una ley a nivel nacional, que es para respetar las áreas verdes, la naturaleza, que todos queremos cuidar, pero se abarcan áreas enormes porque se habla de humedales, bueno, pero el área es tan grande, (como) en Valdivia", y mientras tanto, "cuántas miles de familias hoy día no tienen dónde vivir".

"Hay terrenos que objetivamente no son humedales. Hay otros que sí, nosotros podemos resguardar y todo, pero partamos siempre desde la persona", enfatizó Kast.

Asimismo, planteó que en Chile se "dejaron de construir hospitales porque se encontraron hallazgos (arqueológicos), una punta de una flecha", y reflexionó: "¿Qué es lo primero? ¿La salud, la energía, la vivienda o el cuidado de nuestra cultura y nuestra historia? Yo creo que no son incompatibles, pero nosotros tenemos que enfrentar desde el sentido común los problemas que afectan a toda la familia en Chile. Hay más de 500 mil familias que hoy día no tienen vivienda. Hay más de 120 mil familias que viven en campamentos, y terrenos hay".

"Cuando se comete un error, uno lo puede reconocer. Un error pequeño, como el que puedo haber cometido yo al haber almorzado con mis amigos en La Moneda (...) Pero si uno se equivoca en una ley, también tiene que reconocerlo", planteó.

En ese sentido, sostuvo que "uno no quiere terminar con la ley, pero acotarla a lo que corresponde, porque con esta Ley de Humedales hasta un tranque de regadío podría ser identificado como humedal".

Poduje: "Todas las leyes deben mejorarse"

Por su parte, el ministro Poduje también abordó las críticas del Senado y declaró "gran respeto" por la Cámara Alta: "Si el senador se molestó con la forma, le pido mis excusas. Pero lo que quería decir es lo que señaló el Presidente: tenemos no solo en Valdivia, Osorno, Puerto Montt, terrenos fiscales que no podemos usar porque la ley tiene aspectos que mejorar. Todas las leyes deben mejorarse".

"No tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador De Urresti si se sintió ofendido por mis dichos. Esto fue en una reunión, además, privada, donde también se habían dicho otras cosas que no aparecen con todos los videos editados. Se dijeron cosas también contra nuestro Gobierno", advirtió.

"Pedimos como urgencia precisar la ley, mejorarla y de esa forma compatibilizar el acceso al derecho a la vivienda con la protección de humedales, que son mucho más acotados que los que hoy día están definidos", enfatizó.

En cuanto a las críticas de la presidenta del Senado, Poduje apuntó: "Nos estamos esforzando por entregar vivienda. Me extraña que ella esté más molesta que el senador De Urresti".

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, desestimó que una eventual exención del IVA en la compra de viviendas nuevas -una de las medidas del proyecto de ley de reconstrucción- implique una rebaja equivalente al 19% en los precios finales.

"Cuando se habla de eliminar el IVA, se instala que es un 19%, pero no es así", afirmó Echavarría en El Diario de Cooperativa, ya que, según explicó, ese cálculo no considera cómo opera realmente el impuesto en el sector inmobiliario. En ese sentido, precisó que el gravamen se aplica solo sobre la construcción y no sobre el terreno, cuyo valor influye directamente en el precio total de la vivienda.

Según detalló el presidente de CChC, el terreno puede representar entre un 10% y un 40% del costo total de un proyecto, lo que reduce la base sobre la cual se calcula el impuesto. A esto se suma que las inmobiliarias pagan IVA durante todo el proceso de construcción -por ejemplo, en la compra de materiales-, monto que descuentan al momento de la venta.

De esta forma, el eventual beneficio no corresponde al total del impuesto, sino solo a la parte final que queda por pagar tras descontar el IVA ya asumido durante la construcción. Por ello, el impacto efectivo en los precios sería acotado y podría oscilar entre un 2% y un 7%, dependiendo de cada proyecto.

En ese contexto, advirtió que, ante la expectativa de una rebaja mayor, "la gente está esperando con reticencia a comprar". Por ello, Echavarría llamó a acelerar la tramitación de la medida, señalando que "para que realmente ayude hay que apurar su tramitación", y evitar así que esa percepción siga frenando el dinamismo del mercado.

Impacto en empleo y reactivación del sector

Echavarría también abordó la situación laboral en la construcción, asegurando que el rubro enfrenta una "cesantía brutal", con niveles de desocupación de dos dígitos, superiores al promedio nacional.

Según explicó, uno de los principales problemas es el alto stock de viviendas disponibles, lo que ha frenado el inicio de nuevos proyectos. 

"Hay más de 200.000 viviendas con proyectos aprobados, listos para partir, que no tienen que entrar ni en un día de permisología (...) Y no parten porque ¿por qué van a partir construyendo, invirtiendo, si hay que esperar dos o tres años para que se acabe el stock y no van a poder vender?" sostuvo.

El dirigente enfatizó que, mientras no se reduzca el stock, las empresas no iniciarán nuevas obras, lo que impacta directamente en la generación de empleo, considerando que el sector es intensivo en mano de obra desde las primeras etapas.

Asimismo, defendió que las inmobiliarias ya realizaron ajustes en los precios, aunque descartó que puedan reducirlos de forma significativa sin asumir pérdidas.

"Nadie está dispuesto a perder plata. Son inversiones cuantiosas. Las viviendas ya han bajado respecto a lo que debieran estar vendiendo, considerando el alza salvaje de costos de materiales de los últimos dos años", enfatizó.

En ese escenario, planteó que medidas como la exención del IVA -aunque acotada en su efecto-, junto con herramientas como el subsidio a la tasa hipotecaria, pueden contribuir a reactivar la demanda y destrabar el mercado.

Finalmente respecto a la propuesta de invariabilidad tributaria para proyectos superiores a los 50 millones de dólares, el gremialista fue enfático en que es una medida necesaria para competir por capitales extranjeros.

"Yo no puedo atraer inversiones cuando hemos tenido en los últimos años reformas tributarias cada tres meses. Estamos hablando de proyectos grandes que requieren para su recuperación décadas. Si tiene el fantasma de que cada tres años hay una reforma y en el país del lado le garantizan que los impuestos se mantienen por un periodo razonable, esa inversión se va a ir a otro país", concluyó.

La tranquilidad de la familia de Carlos Muñoz Quintul en Punta Arenas se vio alterada tras recibir una notificación de remate sobre la vivienda que habitan. Carlos, un joven en situación de discapacidad, postrado debido a una enfermedad desmielinizante diagnosticada hace 17 años, fue beneficiario de esta casa entregada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en 2017.

La gravedad del caso residen en que, según la escritura original, la propiedad de los Muñoz Quintul se encuentra exenta del pago de contribuciones. Sin embargo, la madre de Carlos, Carolina Quintul, recibió este miércoles, por primera vez, un aviso de de remate por una deuda por concepto del impuesto cercana a los 300 mil pesos, que se arrastra desde abril del 2022 a noviembre del 2025.

"Me sorprendí porque yo cumplo con todos mis deudas, de todo, estoy al día, nunca he debido nada (...) Casi me dio un ataque (cuando llegó el aviso de remate)", relató la mujer.

Debido a esto, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, buscando frenar el proceso judicial que considera irregular. Esta acción es fundamental para evitar que la propiedad sea rematada el próximo 12 de junio, fecha establecida por el Juzgado de Letras de Punta Arenas.

"No se habría advertido que tanto de los antecedentes acompañados a la demanda y de lo que consta en el Conservador de Bienes Raíces, el inmueble está exento del pago de contribuciones. Este joven, en la actualidad, depende 100% de los cuidados que le otorga su progenitora. Evidentemente, no percibe ingresos, por lo tanto, se estima que el remate de su propiedad es un acto arbitrario e ilegal", explicó el abogado de la familia afectada, Robinson Quelín.

La recaudación del impuesto territorial en Chile atraviesa un momento crítico, con cifras de morosidad que la Tesorería General de la República califica como "alarmantes".

Un análisis de la consultora inmobiliaria Colliers, en el marco del debate sobre el proyecto de "reconstrucción nacional", puso de manifiesto un "deterioro sostenido" en los niveles de cumplimiento en los últimos años.

"De una morosidad del orden del 2,8% del total de contribuciones devengadas, esa morosidad pasó a un 14,3% de morosidad", alertó el vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner.

En esta línea, afirmó que "las justificaciones por este monto de morosidad no existen. En ninguna empresa se puede admitir una morosidad de este nivel y, obviamente, habría habido sanciones de distinto tipo a los encargados de cobrar".

Se cuestiona severamente la labor de los responsables del recaudo, con ineficacia que impide el progreso de las arcas públicas. (FOTO: ATON)

La situación se agrava al observar ejemplos concretos en diversas comunas. Entre 2022 y 2025, la deuda neta por contribuciones se disparó:

• En Maipú, de 888 millones de pesos a 6.636 millones.
• En Viña del Mar, de 1.382 millones a 9.037 millones.
• En Las Condes, de 1.091 millones a 20.044 millones de pesos.

Estos datos, donde el incremento de la deuda fue de siete veces en cuatro años, entre 2022 y 2025, reflejan no solo un problema de cobro, sino también la vulnerabilidad financiera de muchas comunas.

El análisis destaca que el aumento se observa incluso en comunas de altos ingresos, donde el Fondo Común Municipal (FCM) cumple un rol redistributivo clave. "Esto sugiere que el límite de tolerancia al pago del impuesto territorial se ha alcanzado en amplios segmentos de contribuyentes, agravado por la persistente inflación y la presión sobre los presupuestos familiares", explicó Ana López, consultora del Área de Regularizaciones y Desarrollo de Colliers.

Según López, en el gráfico realizado por Colliers con cifras de la Tesorería General de La República, la curva ascendente es uniforme a lo largo del territorio: "Todas las regiones registran incrementos superiores al 400% en el período, con casos extremos como Tarapacá (+977%) o La Araucanía (+594%). Este patrón apunta a factores estructurales más allá de particularidades locales: el impacto del reavalúo sobre avalúos fiscales, sumado a un contexto macroeconómico que ha erosionado la capacidad de pago de muchos hogares".

Para la experta, el riesgo es evidente "diseñar políticas de alivio tributario, por más legítimas que sean, sobre una base de recaudación ya sometida a estrés severo puede amplificar los desequilibrios financieros de los municipios. La exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años en su vivienda principal, si bien responde a un principio de justicia intergeneracional, debe calibrarse considerando la real capacidad de los gobiernos locales para absorber la pérdida de ingresos sin deteriorar servicios esenciales".

Por su parte, el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, Arturo Orellana, advirtió sobre la "alta dependencia del Fondo Común Municipal" que tienen la mayoría de las comunas, incluso ciudades "capitales", con excepciones como Calama, que "recaudan muy poco" y tienen "muy poca autonomía de recursos".

Esta dependencia las hace incapaces de generar programas propios de desarrollo, como la "revitalización de sus centros urbanos".