El ministro de Vivienda, Iván Poduje, arremetió contra el expresidente Gabriel Boric por haber efectuado -aseguró- "el recorte de subsidios para familias vulnerables más grande en la historia de Chile", luego que el frenteamplista manifestara su apoyo a la diputada y compañera de partido Tatiana Urrutia.

De acuerdo con La Tercera, los hechos tienen como contexto una sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara realizada el miércoles, enfocada en un informe sobre la gestión del exministro de Vivienda Carlos Montes y que contó con la participación de Poduje y de la contralora Dorothy Pérez.

Allí, según lo relatado por la diputada Urrutia, el presidente de la comisión, Juan Carlos Beltrán (RN), la acusó de responsabilizarla públicamente por el término de la sesión sin que el actual titular del Minvu alcanzara a exponer; mientras que diputados republicanos instalaron "una campaña de mentiras" en redes sociales respecto a lo ocurrido, situación que -aseguró - derivó en ataques y amenazas virtuales.

Tras ello, Boric comentó una publicación de la diputada con el mensaje: "Fuerza compañera. No estás sola", lo que fue respondido por el propio Poduje en X.

"Expresidente Gabriel Boric, las que realmente están solas son las más de 20 mil familias que dejó sin casa con el machetazo de (el exministro de Economía y Hacienda, Nicolás) Grau", reprochó el arquitecto, haciendo referencia al "Oficio Ordinario nº255 del 5 de febrero del 2026".

"(Constituyó) el recorte de subsidios para familias vulnerables más grande en la historia de Chile", reprochó el secretario de Estado.

Ex presidente @GabrielBoric, las que realmente están solas son las más de 20 mil familias que dejó sin casa con el machetazo de Grau (Oficio Ordinario nº255 del 5 de febrero del 2026). El recorte de subsidios para familias vulnerables más grande en la historia de Chile. https://t.co/i0NzHznS0x

— Ivan Poduje (@MinistroPoduje) May 16, 2026

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, reafirmó la pertinencia del término "favelización" para describir la situación de los campamentos de la zona.

Dicho concepto, que él mismo planteó a inicios de año, fue desestimado en los últimos días por la delegada presidencial regional, Katherine López, y por el gobernador regional, Ricardo Díaz.

Consultado hoy por la controversia, Castro señaló que el fenómeno es real y ni siquiera reciente: "Nosotros, como Ministerio Público al menos, detectamos su inicio por el año 2018 en los campamentos del sector alto de la comuna de Antofagasta".

En esa época "detectamos parámetros que hablan de lo que se denomina procesos de 'favelización', que dicen relación con el control territorial (por parte de grupos de crimen organizado): control de los servicios básicos, extorsión, cobros por arriendo de los sitios, apropiación de los sitios... Ésa es una realidad, pero es un proceso y, lamentablemente, ha continuado con el curso de los años".

El fiscal regional subrayó que la labor de la Unidad de Análisis es, precisamente, advertir este tipo de fenómenos criminales emergentes a los organismos competentes del Estado.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen que ordena a los servicios públicos y a las municipalidades a regular, mediante normativa interna, la asignación, uso y término de las viviendas fiscales.

El ente fiscalizador informó que la medida busca reforzar "el deber de una gestión eficiente y responsable de estos bienes públicos", apuntando a establecer plazos máximos de uso, condiciones de uso y causales de término.

"Se establece que las jefaturas de servicio y autoridades municipales deben ejercer activamente sus facultades de administración, las que incluyen la posibilidad de fijar plazos máximos de uso, condiciones de mantención y cuidado, y criterios para el término del beneficio, resguardando siempre la disposición legal que señala que, una vez concedida la vivienda, esta no puede ser retirada para beneficiar a otro funcionario de mayor jerarquía", detalla el instructivo.

🔴AHORA | Contraloría ordena a servicios públicos y municipios regular uso de viviendas fiscales.
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— Contraloría (@Contraloriacl) May 8, 2026

Contraloría enfatizó que el uso prolongado, indefinido o irregular de las viviendas fiscales "afecta el principio de equidad funcionaria y la correcta administración del patrimonio público, especialmente considerando que se trata de bienes escasos destinados a cumplir un fin público específico".

En ese sentido, el organismo instruyó a todas las jefaturas de servicio y autoridades edilicias a dictar o actualizar los reglamentos, instructivos o protocolos internos que regulen la materia, estableciendo un plazo máximo de 60 días.

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"Dichas normas deberán establecer, al menos, los requisitos de postulación y asignación, las obligaciones de mantención, los mecanismos de control y fiscalización, el pago de consumos asociados y las causales y procedimientos para poner término al beneficio", detalló.

El dictamen también ordena que la asignación y el término del uso de una vivienda fiscal o municipal deben ser formalizados a través de actos administrativos fundados, conforme a la ley 19.880.

Antofagasta, la región que concentra el mayor número de campamentos en Chile, enfrenta un intenso debate sobre la situación de sus asentamientos y una posible instalación de favelas en la zona.

La alarma fue encendida por el fiscal regional, Juan Castro Bekios, quien calificó la realidad local como una "etapa incipiente pero profundamente crítica" de favelización, con el avance del crimen organizado transnacional modificando la estructura social de estos lugares.

En detalle, el persecutor sostuvo que estos grupos delictivos han generado estructuras de control territorial en los campamentos, con organizaciones como "Los Chotas" y células del "Tren de Aragua" que ya recibieron condenas por delitos que evidencian un dominio armado y social sobre estos territorios.

Desde el Ministerio Público alertan sobre crimen organizado transnacional, mientras en el Gobierno cuestionan el término, enfocándose en la exclusión social y el abandono estatal. (FOTO ATON)

Sin embargo, esta caracterización fue cuestionada por la delegada presidencial Regional, Katherine López, quien afirmó que, "cuando hablamos de favelización, hablamos que el Estado no es capaz de llegar (a los campamentos)", lo cual, a su juicio, no ocurre en Antofagasta.

"Tenemos catastros de personas que viven ahí, sabemos que hay niños, niñas y adolescentes que están siendo educados en establecimientos que son del Estado. Hay personas que se están atendiendo en el sistema de salud que son del Estado", puntualizó la autoridad regional.

Frente a esto, insistió que, "cuando el Estado se va y los deja totalmente de lado, ahí podemos empezar a hablar de favelización".

La delegada también señaló la necesidad de abordar el aumento de campamentos, indicando que de 63 se ha pasado a 119 en la región, y afirmó que se están tomando medidas a corto, mediano y largo plazo.